La Comisión propone un nuevo sistema de comunicación crítica de la UE para los primeros intervinientes
La Comisión Europea ha propuesto (30/06/2026) crear un sistema de comunicación crítica de la UE, que dará a los primeros intervinientes de Europa canales de comunicación seguros y resilientes en situaciones de crisis. El sistema permitirá una comunicación fluida y en tiempo real entre policía, bomberos, servicios médicos y equipos de protección civil, en todo momento y a través de las fronteras de la UE, incluso cuando no haya redes terrestres disponibles.
Hoy los sistemas de comunicaciones de estos servicios no están conectados entre sí y dejan de funcionar al cruzar una frontera. Esto dificulta la respuesta a incendios, inundaciones, tormentas, amenazas de drones a infraestructuras críticas o atentados terroristas.
La propuesta prevé que los Estados miembros pasen gradualmente de la radio de banda estrecha a tecnología de banda ancha, como el 5G. Los satélites de la UE darán refuerzo cuando fallen los sistemas terrestres, por ejemplo en un apagón. Los primeros intervinientes podrán intercambiar datos, vídeos, mensajes y geolocalización con un único dispositivo protegido, y también habrá unidades móviles desplegables para restablecer la conectividad.
El sistema estará diseñado para ser seguro y resiliente, con cifrado y protección frente a ataques cibernéticos e híbridos. Contará con dos entidades específicas: un Centro de Seguimiento de la Red de la Unión Europea, que aportará una red de fibra óptica segura, y un Centro de Supervisión de la Seguridad de la Unión Europea, que vigilará los riesgos de ciberseguridad y asistirá a los Estados miembros.
La propuesta refuerza la autonomía estratégica europea. Los componentes críticos (satélites, red móvil básica y banda ancha móvil) serán creados por empresas europeas, lo que reduce la dependencia de tecnologías extranjeras. Los Estados miembros mantendrán el control de sus redes nacionales y de la gobernanza del sistema, que se confiará a un grupo de expertos nacionales.
Ahora corresponde al Parlamento Europeo y al Consejo adoptar las normas. Se prevé que el sistema entre en funcionamiento poco a poco a partir de 2030, con un período de transición para los Estados miembros.
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